El dinero gastado por los gobiernos autonómicos en sus  propias televisiones supera los 1.500 millones de euros. Los cálculos publicados cifran en otros  4.000 millones la deuda arrastrada por diez canales regionales. Coste anual y deuda caen como una pesada losa sobre el contribuyente.

Lo mismo sucede con Radiotelevisión Española. Este año ha recibido 500 millones por orden del Gobierno, mientras el Estado está pagando un endeudamiento de 7.000 millones de euros, a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Tan  abultada cantidad de dinero, también sale de los impuestos que pagamos los españoles.

Como principio general, extraña semejante derroche justo cuando la crisis económica hace presa en las familias, se teme llegar pronto a los dos millones de parados y la recuperación no se notará antes de año y medio. Lo de apretarse el cinturón no va con la propaganda política. ATR lamenta  que la propaganda ideológica sea precisamente el mayor aliciente inversor de los gobernantes en las diez comunidades en cuestión: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura,  Madrid, País Vasco y Valencia.

La tan ansiada autorregulación del medio televisivo, para respetar la sensibilidad de los espectadores más indefensos, como los niños, continúa siendo una tarea pendiente. Su consecución no requiere más gasto. Basta con hacer de ella una prioridad en lugar de una cenicienta. Cuesta aceptar la prodigalidad de medios económicos de los partidos con las televisiones autonómicas y su mezquindad a la hora de comprometerse en evitar que niños, jóvenes, adultos y mayores reciban menú único por sus pantallas.