Asamblea iCmedia

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En el plano operativo, una conclusión apunta la conveniencia de hacer más socios para influir más en dos frente: mejorar los contenidos de la televisión y ejercer los derechos que nos corresponden como ciudadanos, al margen de ideologías
Además se discutió la reforma de los estatutos de la Federación y los asuntos burocráticos de obligado cumplimiento y recibimos una información valiosa sobre las perspectivas que abre la futura Ley Audiovisual, así como experiencias sobre iniciativas de las asociaciones de Sevilla, Madrid y Cataluña. Sevilla mostró una bien trabajada página web. María Luz Murillo, vicepresidenta de ATR presentó el esbozo de un "Manual de Informes", con la experiencia obtenida en los diez informes de seguimiento a televisiones, realizados por Madrid. Y TAC expuso el estado de los trabajos para el sello de calidad de programas y su festival anual infantil, reclamo para explicar sus objetivos y lograr nuevos asociados.

Sobre la Ley General Audiovisual, Carmen Fuente, profesora del Centro Universitario Villanueva, desplazó un tanto la atención de los asistentes de la estricta protección legal a los menores de edad hacia el ejercicio que a los asociados nos corresponde como simples ciudadanos.

La profesora Fuente dio un argumento muy sencillo pero igualmente útil: no podemos funcionar como si fuéramos una minoría que tiene derecho a ser respetada como tal, sino de funcionar sabiendo que estamos practicando derechos derivados de nuestra condición de ciudadanos. Por ejemplo, el colectivo de discapacitados, que son una minoría social, tienen todas las simpatía de la sociedad para lograr que las televisiones subtitulen sus programas. Será un coste económico enorme, pero la Ley Audiovisual está a punto de aceptarlo.

Guía electrónica de programación
Del mismo modo, los telespectadores han de estar muy atentos a exigir sus derechos en un capítulo que puede parecer menor pero que, a partir de este momento, será central para proteger a los menores. Se trata de las llamadas guías electrónicas de las programaciones, que podremos recibir con las nuevas tecnologías. Su importancia deriva de ser el instrumento mediante el cual las familias se informarán de las parrillas de cada televisión y también de sus contenidos.

Si los espectadores no están atentos, las cadenas terminarán limitándose a informar de sus programaciones sin la suficiente antelación y sin los datos necesarios para calibrar el contenido de cada programa. Es decir, que el ciudadano tiene que exigir el derecho a saber la calificación de cada programa, para luego tomar la decisión como padre, madre o tutor de un menor.

Otro dato interesante. El ejercicio de este derecho no está vinculado a la ideología, las creencias o las convicciones del espectador, a si es conservador o progresista. Es uno de los derechos incluidos en el moderno concepto de "alfabetización mediática". Así lo reconoce el organismo británico competente en el panorama audiovisual. La alfabetización en este terreno significa conocer previamente el programa de cada televisión, su calificación por edades y su contenido.

Por lo tanto, si en España los discapacitados han logrado hacer aceptable su reivindicación de una televisión accesible para ellos, cualquier ciudadano debe exigir  conocer con antelación -en esa Guía Electrónica de Programación- el contenido y la calificación de cada programa por edades. Así podrá luego reclamar si lo desea.

 

 

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